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Informe sobre técnicas de Hogar Crea es debatido en corte

Artículo publicado en El Nuevo Día Por Cristina del Mar Quiles

El juicio por la demanda que Hogar CREA presentó contra la organización de reducción de daños en el consumo de drogas Intercambios Puerto Rico continuó esta tarde en el tribunal de San Juan con testimonios que evidenciaron la diferencia de filosofías entre ambas organizaciones en cuanto a la atención de adictos.

Hogar CREA demandó por libelo, calumnia y difamación a Intercambios PR, y a los psicólogos Rafael Torruella, director de la organización, y a la psicóloga social Débora Upegui-Hernández, por la publicación de la investigación “Humillación y abusos en centros de ‘tratamiento’ para uso de drogas en Puerto Rico”. El informe de carácter científico describe como una violación de derechos humanos, civiles y de pacientes prácticas empleadas en algunos centros residenciales de tratamiento de adictos, entre los que se menciona a Hogar CREA, así como a otras organizaciones cristianas.

Para sostener su alegación de que la información difundida y discutida en internet y en medios radiales es falsa, el abogado de la parte demandante sentó en el banquillo de testigos al psicólogo Miguel Rivera Rentas, quien reconoció que existe la llamada terapia de confrontación como parte de la metodología de transformación de CREA.

Esta terapia es descrita en la investigación como una que “no está basada en evidencia científica y promueve la humillación y degradación del usuario con el fin de ‘re-educarlo’ y que consiste en “estar sentado en un pequeña silla en el medio de un cuarto y ser humillado mientras te insultan los compañeros que están ‘limpios’”.

El psicólogo Rivera Rentas explicó que “lo que se busca es que la persona (el participante) pueda entender sus dificultades y sus debilidades y las personas (los demás participantes) les hacen las observaciones para que pueda cambiar dentro de la comunidad terapéutica”.

A preguntas del abogado de Torruella, José Juan Nazario, el testigo concedió que el participante podría interpretar los comentarios como una humillación. “Lo primero que le dicen es tecato sucio”, dijo Rivera Rentas como ejemplo, “ellos aprenden a manejarlo”.

Añadió que, aunque quisiera, no puede estar presente en todas estas terapias que se realizan en CREA de Bayamón, donde él se desempeña. Estableció que es el único psicólogo en esa instalación, en la que se tratan entre 250 y 260 participantes.

El testigo también respondió a preguntas del juez Ángel Pagán Ocasio sobre el uniforme de los participantes según estos van a avanzando en los niveles de tratamiento. Comienzan con pantalón corto de cuadros, medias altas y camisa de blanca de cuello redondo. Cuando llegan a la tercera fase, ya se puede usar pantalones largos porque se entiende que el participante “ha logrado nivelar su edad cronológica con su edad mental”.

El segundo testigo fue traído por la parte demandada. Se trató de Roberto Pereira Carmona, exadicto y actual empleado de Intercambios PR, dedicado a suplirles jeringuillas nuevasa los usuarios de las áreas de Fajardo y Luquillo. Esta fue la persona que contactó a los usuarios o exusuarios que la doctora Upegui-Hernández entrevistó como parte de su investigación cualitativa.

Pereira Carmona señaló que Upegui-Hernández le pidió que identificara a personas que hubieran estado en algún hogar de tratamiento en los últimos dos años y que les preguntara si deseaban participar del estudio. Él, explicó, hizo los acercamientos en hospitalillos a usuarios que se veían “bien”, “que no estaban arrebatao’s” y que transportó a los que quisieron participar. A cada uno, dijo, la organización le dio unos $30 para comprar almuerzo y otros gastos.

Él también participó del estudio. “Lo que yo dije fue lo que me pasó a mí”, dijo a preguntas del abogado Francisco Ortiz Santini, representante legal de Intercambios.

Mientras, el director ejecutivo de Hogar CREA, Héctor Luis Figuera Rodríguez, insistió en que la información publicada en el informe en controversia “es falsa, discriminatoria y no tiene otra evidencia que dañar la reputación de una organización que tiene 47 años de servicio al pueblo de Puerto Rico”.

Afirmó que no existen querellas en la Comisión de Derechos Civiles, en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción ni en ninguno de los tribunales de Puerto Rico.

“Este grupo lo que pretende es desvirtuar la labor de CREA para adelantar la causa de ellos”, durante el interrogatorio dirigido por su abogado, Yuri J. Valenzuela. Estableció que la visión de CREA es lograr la abstemia mientras que Intercambios se dedica a intercambiar jeringuillas para evitar el contagio de enfermedades, pero que promueven la descriminalización de la posesión de sustancias para uso personal. “Ellos en Puerto Rico son nadie, nadie los conoce”, añadió en un intento por establecer contrastes entre ambas entidades.

Los testimonios continuarán mañana, miércoles, a las 9:30 a.m.

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Drug Policy Alliance reconoce a Rafael Torruella durante el Mes de la Hispanidad

Este Artículo fue publicado en drugpolicy.org por Hannah Hetzer

El movimiento por la reforma a las políticas sobre drogas es una enorme coalición que reúne a personas que lucha por la reforma al sistema criminal, la justicia racial, las libertades individuales, la dignidad, los derechos humanos, la salud, y la seguridad pública. Hay expertos que trabajan por la reducción de daños, defensores que luchan por el fin a las dañinas sanciones criminales, activistas impulsando la legalización de la marihuana. A veces coincidimos, colaboramos, y nos apoyamos; sin embargo, es raro encontrar a alguien que luche activamente e incansablemente en todas las facetas de la reforma a las políticas de drogas, que una todas las hebras de este creciente movimiento.

Esta semana homenajeamos a Rafael Torruella, quien encarna lo que significa ser un activista por la reforma a las políticas de drogas en el sentido más amplio. Nació y creció en San Juan, Puerto Rico, siendo testigo de los problemas asociados con el uso de drogas y las políticas de control de las mismas. En Puerto Rico, más del 40% de las nuevas infecciones de VIH son causadas por el uso de jeringas contaminadas. Rafael sabía que hay un problema con la manera en que el gobierno lidia con el uso de drogas, con la marginalización de las personas que usan drogas.

A quien tenemos que agradecer por el trabajo de Rafael en las políticas de drogas y la reducción de daños es a su abuela. Él estaba trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Puerto Rico sobre uso de drogas y género cuando su abuela le enseñó un artículo de un periódico que hablaba sobre el intercambio de jeringuillas y le dijo, “Mira, esto es lo que la gente está haciendosobre eso de lo que siempre estás hablando.”

Rafael se mudó a Nueva York, coordinando el programa de intercambio de jeringas de CitiWide Harm Reduction en el barrio South Bronx, antes de regresar a casa para establecer lo que posteriormente se convertiría en el programa de intercambio de jeringas más grande de Puerto Rico, Intercambios, que provee de más de 150,000 jeringas al año en 15 comunidades de 6 municipalidades de Puerto Rico. Intercambios opera en un modelo de asistencia entre pares, con equipo e información otorgada por personas que solían usar drogas, o que las usan actualmente.

Para Rafael, la reducción de daños se trata de empoderar a las personas que usan drogas: trabajar con ellas, no para ellas. Se trata de literalmente encontrar a la gente donde están, pues hace intercambios móviles, para que los recursos y la información no sean lejana o inaccesible, sino que sean llevadas a las comunidades.

Rafael se enfoca en proveer educación sobre el equipo, enseñando cómo inyectarse de manera segura, cómo prevenir contagios de VIH, cómo reconocer una potencial sobredosis, y qué hacer frente a una. El principio que rige a Rafael es “con la información y los medios adecuados, la gente cuidará de su salud.”

Después de años de labor, Rafael se dio cuenta de que proveer servicios solamente no iba a cambiar los problemas más amplios del sistema de encarcelación masiva y la exclusión social. En Puerto Rico, las leyes son tan severas que una persona podía ser encarcelada por diez años por posesión simple de cannabis en áreas recreativas. Basados en la necesidad de acciones más amplias, Rafael y sus compañeros lanzaron Descriminalización.org, una campaña que lucha por la descriminalización del uso de drogas, que ha tenido triunfos importantes. Leyes de descriminalización y de marihuana medicinal han sido introducidas a la legislación puertorriqueña, y recientemente, el gobernador presentó órdenes ejecutivas que reclasificaron la cannabis para uso medicinal, e hicieron de la posesión de marihuana una prioridad baja para las fuerzas de seguridad pública. Además, el senado aprobó una propuesta de ley para prevenir sobredosis y distribuir naloxona, elaborada en conjunto de activistas de salud pública, entre ellos Rafael.

Rafael cree en el poder de las coaliciones. Es miembro fundador de la Coalición Puertorriqueña de Reducción de Daños (CoPuReDa) y está expandiendo su trabajo al Caribe, proveyendo de asistencia técnica para la reducción de daños y el intercambio de jeringuillas en la República Dominicana y en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Rafael asegura que “nos asumimos como caribeños y latinoamericanos”. Su trabajo ha sido indispensable en el avance de las reformas en la región. Rafael Torruella trabaja a través de diferentes países, culturas, y problemáticas; y tenemos suerte de contar con él en el movimiento de reforma de las políticas de drogas.

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Salubristas respaldan legislación para prevenir muertes por sobredosis

Senador

Artículo publicado en El Nuevo Día Por Cristina del Mar Quiles

Un grupo de salubristas apoyó hoy un proyecto de ley para establecer protecciones a quienes procuren auxilio por sufrir una sobredosis o reclamen ayuda para otra persona en esa situación, al describirlo como una medida necesaria para evitar muertes producto del consumo excesivo de sustancias tóxicas.

La pieza legislativa busca mitigar el temor a sanciones legales para testigos, personal médico o usuarios de drogas, pues establece que no serán arrestadas, acusadas, enjuiciadas o declaradas convictas por algunos de los delitos relacionados por posesión y uso de sustancias controladas, de hallarse evidencia para ese encausamiento en el proceso de pedir auxilio para sí u otras personas en una situación de urgencia por sobredosis.

El Proyecto del Senado 1445 crearía la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opiatos en Puerto Rico” y se trata de una medida de la autoría del presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia, y del legislador Miguel Pereira.

En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado se planteó que el proyecto facilitaría el uso del medicamento naloxona, recomendado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud como efectivo para revertir los efectos de una sobredosis, sin riesgo de efectos secundarios nocivos.

“Las probabilidades de supervivencia en un evento de sobredosis dependen de la rapidez de la intervención. Muchas veces, lo que interfiere con esta rapidez es el miedo a verse implicado en una situación legal o por la presencia de la Policía en el lugar donde se requiere la ayuda. Este proyecto anticipa y resuelve estos asuntos dejando el camino expedito para que la ayuda se dé sin dilación alguna y sin implicaciones legales en contra del buen samaritano”, dijo en la audiencia el salubrista José Vargas Vidot, director de la organización Iniciativa Comunitaria.

La medida también ordenaría al titular de Salud establecer un “Programa para la prevención de Sobredosis de Opiatos”, que entre sus objetivos tendría el facilitar y agilizar el acceso de organizaciones autorizadas el acceso a la naloxona para que la puedan distribuir entre sus participantes.

“Esta ley permitiría que el medicamento esté disponible en la comunidad, con los usuarios, que son los que están viviendo la experiencia, permite que las organizaciones de base comunitaria puedan repartirlo. O sea, que no lo limita a la Policía o a las ambulancias, que normalmente llegan demasiado tarde. Las personas que más efectivas pueden ser, son las que están con los usuarios”, señaló, por su parte, la investigadora social Débora Upegui-Hernández, quien trabaja con la organización Intercambios Puerto Rico.

Rafael Torruella, director de Intercambios Puerto Rico, señaló en la vista que la medida debe procurar un plan de educación sobre el tema. “No es suficiente actuar sobre la sobredosis, es importante educar para prevenir que suceda”, puntualizó.

Mientras, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen Graulau Serrano, resaltó que la experiencia a nivel mundial con la naloxona como herramienta efectiva en la prevención de muertes por sobredosis, la ausencia de factores adictivos relacionados a su uso, así como las diversas opciones para administrarla, la convierten en una alternativa real para combatir las muertes debido a las sobredosis de drogas ilícitas y lícitas.

Graulau Serrano, sin embargo, consideró que debería ser ASSMCA la que desarrolle el programa para el uso y accesibilidad del medicamento.

El Departamento de Salud no compareció a la vista, pero su secretaria Ana Ríus Armendáriz, envió una ponencia en la que respalda la medida, aunque expresa preocupación porque se les permita a personas no licenciadas en el campo de la salud administrar un medicamento para el cual no tienen un adiestramiento médico. Sugirió que, en primera instancia, se adiestre a los técnicos de emergencias y rescatadores, para que sean éstos quienes administren la naloxona.

El senador Pereira anticipó que el informe de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos sobre el proyecto estaría listo para presentarse al pleno del Senado la próxima semana.

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